La medida de demolición puede ser considerada como una medida de restablecimiento de la legalidad o como una medida de protección a la salud de la población, pudiendo tener en algunos casos ese doble carácter. La regulación de la medida es dispar según la autoridad que puede disponerla, encontrando diferencias en torno al procedimiento, impugnación y patrimonio. La escasa o inadecuada regulación de la medida puede transformar esta atribución en un texto vacío, impidiendo su ejercicio por parte de las autoridades facultadas para ordenarla. Conviene hacer reformas a la regulación de la medida, atendida la importancia que puede tener no solo para el adecuado desarrollo de las ciudades, sino también para el aseguramiento de la salud de la población.